La gerencia jurídica pública constituye una función estratégica de la administración estatal, orientada a la planificación, dirección, ejecución y control de los asuntos jurídicos en el seno de las entidades públicas.
Su finalidad esencial es garantizar la legalidad, eficiencia y protección integral de los intereses del Estado, mediante una gestión jurídica técnica, proactiva y basada en principios de buen gobierno.
Comprende la organización, coordinación y supervisión de las actividades jurídicas de la entidad, con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en consonancia con los principios de legalidad, eficacia y responsabilidad administrativa.
La gerencia jurídica pública asume la representación judicial y extrajudicial, orientada a la protección de los intereses patrimoniales y públicos, mediante estrategias de defensa técnica y litigiosidad responsable.
Involucra la identificación, valoración y mitigación de los riesgos legales que puedan afectar la entidad, implementando políticas de prevención del daño antijurídico y mecanismos de solución temprana de controversias.
Supervisa el acatamiento riguroso de las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, promoviendo una cultura institucional de respeto al derecho y fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), reduciendo la litigiosidad innecesaria y optimizando la gestión de los conflictos jurídicos.
La gerencia jurídica pública es un pilar fundamental para consolidar la transparencia, la eficiencia administrativa y la legalidad en la gestión de los asuntos públicos. Su adecuada implementación fortalece el cumplimiento de las obligaciones estatales, optimiza el uso de los recursos públicos, previene riesgos jurídicos y contribuye a la confianza ciudadana en las instituciones.
Enlaces recomendados:
https://www.youtube.com/watch?v=SE4rg4qyxag&t=4200s
https://www.youtube.com/watch?v=NzgARWlNeak